Durante el estado de alarma la sanidad privada con el fin de evitar el colapso sanitario ofreció sus instalaciones para tratar enfermos de coronavirus teniendo que invertir en personal, puestos de UCI, respiradores y mascarillas, entre otros, cuando los precios de estos materiales se disparaban por su escasez. A la vez, se cerraban las consultas, dejando de percibir ingresos, con lo que el sector se enfrente a una “situación límite” como denuncia ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española).

Según las previsiones más pesimistas de la patrona, unos 2.400 centros no hospitalarios tendrán que cerrar, incluyendo aquellos que permanecieron abiertos durante la crisis a disposición del Gobierno, quedando excluidos, únicamente, las clínicas de reproducción asistida, de estética y oftalmología, al no considerarse esenciales.

Asimismo, los grandes hospitales también acusan la pandemia en sus cuentas y no logran recuperarse. Según Carlos Rus, presidente de ASPE, “es más difícil que cierren, pero habrá ventas y algunos centros o grupos hospitalarios cambiarán de manos. Si vuelve a haber una segunda oleada de la infección, su situación estará al límite”.

Un estudio de la Alianza señala que el 16% de los ingresos de pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid-19 fue asumido por centros privados en los meses de marzo y abril, y un 14% de ingresos en UCI, con una estancia media de ocho días, en caso de ingresos, y 18 en la Unidad de Cuidados Intensivos. Asimismo, calculan que las inversiones en este tiempo superaron los 13,5 millones de uros y las inversiones se retrasaron por un valor de 36,2 millones.

Hasta el momento, la única Comunidad que ha ha resuelto la fórmula de pago a la sanidad privada ha sido Cataluña, decretando el abono de 43.000 euros por paciente ingresado en UCI y 2.500 si no requirió de estos cuidados. 

Pero más allá de la compensación económica, ASPE solicita al Gobierno medidas específicas para dotar de liquidez a las empresas, compensaciones por la atención a los pacientes derivados de la sistema público, y un IVA superreducido en material sanitario, con carácter retroactivo hasta la decreción del estado de alarma.

Fuente: ABC y Alianza de la Sanidad Privada Española